INDEPENDENTISMOS RECÍPROCOS.
Nacionalistas son los que
defienden su nación totalmente, por todos los medios, legales o ilegales.
Pero, claro, cada nación tiene su
código, que no rige fuera de ella sobre otra nación. Y si una parte quiere
segregarse como nación independiente, es el caso de Cataluña respecto de España,
los independentistas no reconocen que la legalidad de la nación matriz, y
consecuentemente la desobedecen.
Eso comporta una monstruosidad
legal, porque los que proceden de este modo confunden los tiempos verbales y
actúan como si el futuro fuera el presente. Olvidando que, les guste o no, mientras
no se llegue a consumar la independencia se han de regir por las leyes de la
nación matriz.
Y las autoridades autonómicas catalanas
son autoridades españolas en lo referido a su región y no son autoridades
nacionales de la República Catalana independiente, que hoy por hoy es una
entelequia absolutamente irreal e inexistente, y que la
presidente del parlamento catalán vitoree a dicha república en el acto de
constitución de dicho parlamento, siendo aclamada y seguida por esas
autoridades, incluidos por los miembros el gobierno regional en funciones, visto con cierta perspectiva, resulta francamente ridículo.
La situación se agrava porque el
gobierno general de España también peca de nacionalismo al impedir que en este
asunto se pronuncie quien tiene autoridad para decidir, que es el pueblo
español soberano.
La legalidad ha de estar por
encima de cualquier consideración. Hasta del propio concepto de nación, cuya
legitimidad deriva de tal legalidad, y no al revés. De modo que la propia
nación es fruto de la legalidad imperante.
Y en este punto procede una
cuestión metafísica: ¿De qué factor depende la legitimidad nacional española?
Depende de la voluntad del pueblo
español, de todo el pueblo español, y no de una parte, expresada en una
constitución, votada democráticamente.
En las dictaduras es distinto:
depende de la voluntad del dictador.
Y una constitución tan solo puede
ser revocada por otra constitución. Y por nada más, por mucho barniz
democrático que pueda lucir cualquier disidencia.
Lo que deberían poder hacer los
independentistas de una región, o de un grupo de regiones, es pedir al pueblo
español que se pronuncie sobre sus aspiraciones independentistas. Y lo que no debería
poder hacer un gobierno es impedirlo.
En pueblo soberano puede decidir
si una región se independiza o no. Y supongo que también pueda declinar ese poder de decisión
en el pueblo de la regiones que muestren voluntad de independizarse.
Pero que un parlamento regional
desencadene por su cuenta y riesgo un proceso independentista es un atropello
intolerable y totalmente antidemocrático, por más apariencia democrática que le
quiera dar.
Aunque no hay que perder de vista que como lo consigan lo consiguen, Porque así nacieron todas las naciones americanas que antes formaban parte de España.
En resumidas cuentas es la
totalidad del pueblo español quien puede determinar legítimamente si Cataluña, o cualquier
otra región española se puede independizar de España.
¡Como también podría podría determinar que España
se independizara de Cataluña!
Porque son tantas las majaderías
que hay que soportar en este asunto que el santo Job enarbolaría una bandera de
España estelada, Ya que si una población regional se niega en redondo a aceptar
las reglas de juego universales, lo suyo sería separarse de ella. Porque una
nación tiene derecho a librarse de un lastre que le amarga la vida.
Y si hay catalanes que no quieren
que los echen de España ¡que digan algo! y defiendan su derecho a permanecer en
España. Porque sus paisanos independentistas están resultando ya demasiado
cargantes.
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